Diputados federales advirtieron que la trata de personas puede convertirse en el primer negocio de la delincuencia organizada en nuestro país y el mundo, ante las presiones que resienten las mafias en otros rubros de su actividad delictiva, por lo que deben de tomarse medidas para combatirlo.
A su vez, el representante regional para México, Centroamérica y el Caribe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Antonio Luigi Mazzitelli, apuntó que la trata de personas genera 32 mil millones de dólares anuales de ganancias para las organizaciones criminales y deja alrededor de 2 millones 400 mil sobrevivientes de esta práctica ilícita.
Además, más del 60 por ciento de los sobrevivientes de este delito son tratados por explotación sexual y la gran mayoría son mujeres. Asimismo, se conoce muy poco de la trata con fines naturales el cual es otro fenómeno tan grande como el de explotación sexual, pero que pasa desapercibido por razones económicas y por falta de datos.
El funcionario precisó que la nueva ley que se aprobó en México es una de las más completas que se han aprobado en materia de trata, pues este delito está mucho más cerca de lo que pensamos y se necesita la movilización de todos.
Mientras, la diputada Rosi Orozco dio a conocer la creación de la plataforma Unidos contra la Trata, que arrancará a finales de agosto o principios de septiembre y que será un observatorio ciudadano, desde el cual la sociedad, podrá monitorear que la ley se aplique en todo el país.
La también presidenta de la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas, agregó que habrá un espacio para denuncias y otro para organizaciones de la sociedad civil, a fin de poder mostrar el trabajo y dar seguimiento que le dan a la ley y las acciones.
Agregó que la lucha contra la trata de personas tiene que pasar a la siguiente legislatura y al siguiente gobierno federal hasta erradicar este delito que, de acuerdo a la ONU, se ha convertido en el segundo del crimen organizado y apunta, por el crecimiento que ha tenido, a ser el primer negocio de la delincuencia.
Subrayó que se han dado pasos importantes pero insuficientes para arrojar resultados efectivos en un contexto nacional en el que este delito está culturalmente arraigado y en el que se reproducen las condiciones económicas y sociales que lo propician, pues México tiene una posición geopolítica que lo facilita por ser una nación de origen, tránsito y destino.
“La última sentencia del DF fue de 617 años para doce personas. Hoy estamos mandando un mensaje con la nueva ley que vamos a dar a conocer en el todo el país y que se va a trabajar muy fuerte con las organizaciones de la sociedad civil”, acotó.
Recordó que la ley se aprobó por unanimidad de todos los grupos parlamentarios de esta legislatura y “no podemos permitir que no se aplique, que se quede en letra muerta, vamos a estar capacitando en toda la República, ministerios públicos, jueces y vamos a estar a través de este observatorio de la mano de varios legisladores”.
En su turno, María de Lourdes Gutiérrez Ortiz-Monasterio, directora de Atención a Casos de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, advirtió que la facilidad que ha brindado la tecnología para que los niños accedan a las redes sociales los pone en riesgo.
Pidió a las legislaciones locales homologuen sus marcos jurídicos en el mismo sentido que la ley federal, con el propósito de tener mayor efectividad. “Con la entrada de esta nueva ley se darán a conocer nuevos casos que se encontraban escondidos”, aseguró.
