La dirigencia nacional del PRI acudió ayer al Instituto Federal Electoral (IFE) a demandar que sea investigada a profundidad y con celeridad la denuncia por el financiamiento ilegal de la campaña y la precampaña de Andrés Manuel López Obrador.
El presidente del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, sentenció que el Movimiento Progresista recibió dinero que no declaró al IFE, abrió cuentas bancarias indebidamente, recibió dinero de gobiernos locales, aportaciones de personas físicas que rebasan topes de campaña y recibió dinero ilegal de personas no identificadas.
En conferencia de prensa, el líder del tricolor aseguró que no tiene duda alguna de que el 1 de diciembre Enrique Peña Nieto será presidente de la República, aunque se dijo dispuesto a tener un debate con el presidente del PRD, Jesús Zambrano, sobre el financiamiento de las campañas de sus candidatos presidenciales.
Acompañado del equipo jurídico de Peña Nieto, insistió en que el llamado es para que el IFE presente en su sesión del próximo jueves un informe sobre los avances en la investigación contra el esquema de financiamiento del tabasqueño.
Añadió que las asociaciones Austeridad Republicana y Honestidad Valiente triangularon recursos durante años hacia las arcas del ex candidato presidencial y que con dinero proveniente de gobiernos locales se rebasaron los topes de gastos de campaña.
“Hemos venido a la sede del Instituto Federal Electoral a reiterarle al consejero presidente la solicitud para que se lleven a cabo a fondo las investigaciones respecto a las denuncias que se han venido interponiendo principalmente por nuestro partido, pero también por otras fuerzas políticas respecto al financiamiento ilegal en la campaña presidencial del excandidato de la coalición Movimiento Progresista”, apuntó.
En este sentido, dijo que el PRI no pide ningún privilegio sino que todas las denuncias interpuestas se atiendan a la misma velocidad y con la misma profundidad, porque urge informar al pueblo de México cómo fue el financiamiento de las campañas.
En tanto, el vocero del PRI, Eduardo Sánchez, dijo que Javier Núñez López y Gabriel García Hernández, quienes fueron identificados como colaboradores de López Obrador al frente del gobierno del Distrito Federal, fundaron Honestidad Valiente y Austeridad Republicana, las que obtuvieron contratos del propio GDF, en un sistema de triangulación de recursos.
Explicó que Austeridad Republicana obtuvo un contrato mercantil de 4.5 millones de pesos para digitalizar los archivos y bases de datos de contribuyentes del GD”.
En tanto, Honestidad Valiente habría participado llevando a cabo este trabajo debido a sus nexos con los gobiernos de Campeche, Tlaxcala, Hidalgo y Morelos, pero además tuvo 16 contratos más entre 2007 y 2010, con gobiernos de izquierda principalmente.
Por todo eso, el PRI denunció ante la autoridad electoral que se podría configurar un fraude por evasión fiscal, violación de topes de campaña al ocultarse gastos que debían reportarse al IFE, todo ello junto con la violación de los derechos de los trabajadores de estas empresas, que no fueron inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Asimismo, a través de “donaciones” de Austeridad Republicana, de legisladores federales y locales del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, así como depósitos en efectivo por parte de simpatizantes, se transfirieron recursos a Honestidad Valiente de 2006 a la fecha.
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