Mich., 6 de mayo de 2012.- En punto de las 13 30 horas este domingo dos estudiantes de origen michoacano y otro más de Guerrero abandonaron el Centro de Readaptación Social “David Franco Rodríguez” después de la que jueza Amalia Herrera Arroyo determinó
que no existen las pruebas que demuestren su participación en el delito de daño en las cosas contra el gobierno del estado que presentó el ministerio público de la Procuraduría de Justicia del Estado, tras la quema de vehículos oficiales el pasado 27 de abril en la capital michoacana.
Los moradores de las casas del estudiante “2 de octubre” Álvaro Solorio Núñez, Isidro Tovar Hernández, ambos oriundos de Michoacán y Junior Tovar Sarabia, originario del vecino estado de Guerrero quedaron libres de toda responsabilidad, quienes al salir de las instalaciones evitaron hacer declaraciones a lo medios de comunicación.
Mientras tanto, la secretaria general de acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, María Soledad López Ortiz, explicó que con el auto de formal prisión que dictó la jueza al resto de los 10 jóvenes inculpados, se abre un proceso de ofrecimiento de pruebas para el ministerio público y para la parte defensora.
Debido a que el delito de daño en las cosas está tipificado como grave según el artículo 334 fracción segunda del Código Penal de la entidad, los jóvenes formalmente presos no tienen derecho a fianza, cuya sentencia abarca de los 5 a 10 años de prisión.
López Ortiz informó que el próximo 16 de mayo será la primera audiencia para que ambas partes presenten las pruebas correspondientes, así como el recurso de apelación en contra de la resolución de la jueza Amalia Herrera Arroyo.
Sin embargo, el proceso para el desahogo de pruebas, en el que se prioriza el derecho de defensa de los 10 inculpados, puede tardar hasta dos años, antes de que se dicte la sentencia formal, explicó la secretaria general del Supremo Tribunal de Justicia.
Finalmente, aclaró que los estudiantes con auto de formal prisión se encuentran en una zona separada del resto de la población del Cereso Mil Cumbres, lugar en el que permanecerán hasta que se determine la culpabilidad y posterior sentencia que tendrán que enfrentar.
Cabe señalar, que mientras se daba a conocer la resolución del juzgado, un grupo de estudiantes integrantes de la Coordinadora de Universitarios en Lucha (CUL) permaneció afuera de las instalaciones del Cereso para gritar consignas a favor de los jóvenes detenidos.
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