De acuerdo con las cifras reportadas, en el año 2006 el gasto público federal para seguridad pública y derechos humanos ascendió a 50 mil 936.25 millones de pesos, pero para este año el monto se incrementó a 127 mil 309.90 millones de pesos, lo que representa un aumento del 150 por ciento durante este periodo.
Sin embargo, la distribución del gasto enfrenta severos problemas, pues el 82 por ciento se destina para gasto corriente, de operación y subsidios y solamente 12 por ciento se asigna a infraestructura.
De esta manera, la inversión para la adquisición de patrullas, armamento de vanguardia, medios de comunicación móvil, tecnologías para la policía investigadora, construcción de infraestructura para la ampliación de los centros de readaptación social y de juzgados para la administración de justicia, entre otros rubros, es marginal.
En cambio, los ingresos se van principalmente en cubrir sueldos, prestaciones, papelería, equipos de cómputo y recursos para los fondos de pensiones y jubilaciones.
Las secretarías de Seguridad Pública y de la Defensa Nacional, son las que tienen mayores incrementos, al crecer 367.22 y 116.18 por ciento respectivamente entre 2006 y 2012.
Pero si el análisis presupuestario se realiza por destino del gasto, el correspondiente a los cuerpos policiacos federales se incrementó en este periodo en 368.32 por ciento; para reclusorios y readaptación social en más de 500 por ciento; en procuración de justicia en casi 72 por ciento; al sistema nacional de seguridad pública en 222 por ciento y en derechos humanos, 69.28 por ciento.
Asimismo, el gasto en seguridad pública se está descentralizando, pues hasta antes de 2006 únicamente el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) era ejercido expresamente por los gobiernos de las entidades federativas y actualmente se ha adicionado el 20 por ciento del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun), el gasto para el Mando Único Policial y el Programa de Apoyo en Materia de Seguridad Pública.
Para el ejercicio fiscal 2012, del gasto total para esta función, el 78 por ciento será ejercido por las dependencias del gobierno central y el 12 por ciento las autoridades estatales y municipales, incluyendo el gobierno del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales.
Se propone al IPN como un órgano del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, con una Junta Directiva como máxima instancia de gobierno con facultades para nombrar al Rector General y a los directores.
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